El significado de esta cita atribuida a Juvenal puede traducirse como:» ¿Quién vigilará a los vigilantes?» y se aplica a la necesidad de controlar a aquellos que deberían evitar la corrupción en un entorno determinado. La cita, que ha vivido un renacer tras su uso en el cómic de culto «Watchmen», viene al caso por la necesidad de vigilar la proliferación de malas prácticas en la gestión cultural.
Hace no demasiado, aquí, hablábamos de la necesidad de la transparencia en los concursos. Y poco después de publicarlo, aparecen estas informaciones sobre el concurso del Festival de Mérida en Proponews: esta, esta , o esta . En resumen, el periodista José María Pagador hace referencia a una cláusula abusiva en el pliego de condiciones del contrato que lo inclina a favor de Jesús Cimarro, a la obligación del mismo, como presidente de numerosas asociaciones sectoriales, de haber denunciado esa falta en el pliego y a la situación actual del concurso, cuya mesa de contratación está, a día de hoy, suspendida ante la presentación de dos recursos. Cierto es que en los artículos se destila poca simpatía por el actual director del Festival de Mérida y por su gestión, que se aprovecha cualquier ocasión para desacreditarlo, y que la Junta de Extremadura ha declarado, como puede leerse en este artículo de Región Digital, que el concurso sigue su trámite, que los recursos son habituales en los concursos y que los planteados en el caso del festival no se refieren a la parte de solvencia económica, donde, según las informaciones publicadas, se encontraría la cláusula que atenta contra la libre competencia, pero lo cierto es que parece que las cosas podrían haberse hecho mejor, y que el medio que destapa el caso no hace sino ponerlo en evidencia.Más allá del caso concreto, que deberá seguir su tramitación jurídica, y al que habrá que estar atentos, el caso pone de relieve algo que es vox pópuli en el mundillo teatral: la sospecha de concursos hechos a medida de un candidato preelegido. En un momento en que los concursos se están empezando a imponer como medida de transparencia frente a la discrecionalidad (otros dirán responsabilidad) del político de turno, este tipo de sospechas, fundadas o no, desacreditan al candidato elegido y el sistema concursal, que creo que es muy mejorable, pero aún así es mejor que el dedazo del político, porque obliga a comprometerse con el proyecto presentado (aunque este se publique tarde, mal y nunca) y permite la evaluación (aunque actualmente son pocos los concursos realmente transparentes que permitan una evaluación eficaz). Y en el caso concreto del Festival de Mérida produce un efecto indeseado, porque sin esa cláusula el concurso hubiera podido tramitarse igual sin poner en entredicho la reputación de la Junta de Extremadura ni de Jesús Cimarro, que es un candidato más que solvente. La escasa repercusión de la noticia apunta otro problema que tampoco es menor: la falta de relevancia de la cultura para la sociedad. El desinterés y el desconocimiento de los mecanismos de la gestión cultural en España, incluso entre los propios profesionales, perpetúa mantras interesados y permite que las malas prácticas en gestión y la discrecionalidad, que son más frecuentes de lo deseable, campen a sus anchas sin que se les ponga coto, lo cual es grave, especialmente si se hace con dinero público. Los políticos, por lo menos en Cultura, suelen ser reactivos: reaccionan a las demandas de la sociedad que representan. Pero si esa sociedad no reclama vigilancia, transparencia y buenas prácticas, ¿quién vigilará a los vigilantes? Y lo que es peor: si como revela el magnífico reportaje de la revista Godot, no parece importar demasiado, ¿hasta cuándo les saldrá gratis abusar de nuestra ignorancia?
